28 noviembre 2016 Medio Ambiente

buitre

Los tendidos eléctricos son una de las mayores trampas a las que tienen que enfrentarse las aves. Estas estructuras, imprescindibles para el día a día de los seres humanos, cuyos cables son una amenaza silenciosa que acecha y mata a las grandes aves fundamentalmente. El Ministerio de Medio Ambiente estima que alrededor de 25.000 ejemplares mueren cada año por esta causa, aunque la cifra podría ser mucho más elevada ya que muchas de estas muertes podrían pasar inadvertidas.

A pesar de que existe un plan del año 2008 con el que se pretendía hacer frente a este problema, su ejecución por parte de las eléctricas no se ha llevado a cabo. Ahora, el Gobierno de España planea inyectar 15 millones de euros a las compañías responsables de los tendidos para que acometan estas modificaciones que eviten las muertes de aves, entre las que se encuentran algunas en grave peligro de extinción. Un pago que desde el Gobierno se justifica como “compensación por servicio público”.

Más allá de la importancia que tiene la modificación de los tendidos para evitar que causen estas muertes, existe otra razón de peso para que no se produzcan más muertes por este motivo: las económicas. Actualmente existen diversos planes de conservación de diversas especies, como el águila perdicera o el águila imperial, cuentan con importantes dotaciones económicas que se despilfarran cada vez que una de estas u otras especies se electrocutan. Por tanto, la adaptación de la red eléctrica para que sea más segura no solo es importante de cara a conservar la biodiversidad, también para la propia economía.

A pesar de las actuaciones realizadas hasta la fecha, y teniendo en cuenta esta inversión de capital para acometer las mejoras de seguridad, España va retrasada en el cumplimiento legal de esta exigencia. El decreto de 2008 daba un año a las comunidades autónomas para identificar las zonas de protección donde aplicar la normativa, ya que fuera de ellas no existe ninguna obligación para aplicar estas medidas. Ocho años después, solo seis regiones han acometido estos planes: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, La Rioja y Aragón.

Fuente | El Diario.es
Fotografía | Junta de Andalucía

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